El pasado jueves 18 de junio, el Proyecto Estratégico de Acompañamiento a Proyectos TICCA y Fortalecimiento de una Red TICCA Argentina financiado por el PPD/FMAM/PNUD y ejecutado por la FAUBA, realizó el primero de una serie de seminarios destinados a profundizar en problemáticas territoriales de comunidades indígenas. El seminario, denominado "Diversidad Biocultural, Conflictos y Gestión Territorial", fue presentado por la Responsable Técnica del Proyecto, Libertad Mascarini, Ing. Agr. Mag., docente-investigadora de FAUBA, quien señaló que el tema a abordar “es transversal a todos los proyectos TICCA a acompañar”. Destacó la importancia que la Universidad pública lleve adelante este proyecto, aportando a visibilizar y respetar los derechos indígenas, y avanzando en integrar lo pluricultural a los saberes científico-académicos.
El seminario estuvo moderado por Ana Álvarez, ingeniera agrónoma, integrante del Proyecto de acompañamiento a los proyectos TICCA, de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) y coordinadora de la fundación Asociana; con larga experiencia y trabajo en el Chaco salteño con comunidades wichí y la Organización de comunidades indígenas Lhaka Honhat de Salta, que recientemente obtuvo una sentencia favorable de la CIDH, que dispuso que el Estado otorgue 400 mil hectáreas de tierras ancestrales.
Ana Álvarez dio el puntapié inicial “nos planteamos abordar los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales para la gestión de sus territorios y áreas conservadas. Esto se da en un escenario de cambios en el uso de la tierra y de los ecosistemas a nivel global. Hay una serie de conflictos asociados y la pérdida de diversidad biocultural. Hay que ver qué significado adquiere el ordenamiento territorial participativo y las políticas públicas para la protección y conservación de los territorios en ese contexto. Hay una serie de políticas públicas que se desprenden de derechos ya consagrados y que todos quienes trabajamos en este medio sabemos que hay lo que se denomina una brecha en la implementación de estas políticas.” Resaltó el trabajo de observatorios de conflictos, como el Observatorio de Recursos Naturales, Tierras y Ambiente de la Redaf, que recoge diversas situaciones de conflictos en la región chaqueña, particularmente asociados al desmonte.
En esa línea, la presentación del Ing. Agr. Dr José Paruelo, Investigador Principal de Conicet, Profesor titular en la FAUBA y de la Universidad de la República del Uruguay, Director de Investigación del Instituto de Investigación Agropecuaria de Uruguay e integrante del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección LART-FAUBA, expuso resultados del trabajo en equipo que nace de la visión de algunos sectores de la universidad y del Conicet. Esta visión surge del interés en acompañar procesos de gestión en los territorios de pueblos indígenas y de otros sectores que sufren vulneración de derechos, motivada por las ganas de transformar esa realidad.
Para ello, se generó un proyecto de monitoreo de la deforestación del Chaco Argentino que a través de mapas permite ver el comportamiento de la deforestación a nivel regional y desde el detalle local, describiendo la magnitud del proceso de deforestación para tomar acciones e impulsar decisiones sobre esas situaciones locales. “A fines del año pasado había más de 12 millones de hectáreas que se habían perdido por deforestación en el Chaco Seco Argentino, y eso es una afirmación que, entendemos, es fuerte en el diseño de políticas públicas.”
Para dimensionar cómo se ven afectadas las comunidades por la deforestación, se sistematizó información sobre cómo se usa el territorio por parte de distintas comunidades, “(…) tradujimos esta información en términos de acceso a bienes y servicios que proveen los ecosistemas desde agua, leña, madera, distintos productos que provee el bosque y el área a partir de la cual se tiene acceso.” Esto permitió establecer áreas-buffer, superponiendo las capas/mapas del monitoreo de desforestación con las áreas de acceso a bienes del ambiente. Así, es posible visualizar y cuantificar el impacto que tuvo esa deforestación en el acceso a recursos por parte de las comunidades. “Esto nos da una medida objetiva en la discusión de la gestión del territorio de qué es lo que perdieron las comunidades (…) Estamos hablando de números concretos que tienen que ver con la subsistencia y formas de vida”.
Otra de las preocupaciones se vincula con la pregunta de cuánto de la deforestación ocurrió en áreas que estaban permitidas por la Ley de Bosques 26.331 (áreas verdes); y en áreas donde no estaban permitidas (amarillas o rojas). Los resultados indican que, en la región chaqueña, la deforestación excedió en un 28% los valores permitidos por la ley. Asimismo, este sistema de monitoreo permite seguir en qué medida se están cumpliendo las prescripciones de la justicia de reforestar, recomponer o restaurar los bosques deforestados.
Por su parte, el Ing. Agr. Dr Daniel Somma, Presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, planteó que en los distintos territorios hay una impronta que se determina desde la construcción de una “identidad nacional, abarcativa y omnipresente”, que bloquea la posibilidad de entendimiento entre las distintas visiones del territorio. Agrega que “en la interacción en el territorio, tenemos que ir solucionando tensiones en el marco de una sociedad democrática donde muchas veces se expresan con fuerza las interacciones entre el sector empresario, el sector de gobierno, la academia y las organizaciones no gubernamentales. En ese juego de intereses y transacciones, muy frecuentemente no participan y no están invitados en un plano de igualdad las Primeras Naciones y las comunidades locales.”
Para Somma, la asimetría en términos de participación en la toma de decisiones, se expresa en el esquema de construcción de sentidos e imaginarios: “ustedes recordarán algún elemento publicitario hace unos años, de una empresa que hablaba de una pretendida república unida de la soja, que expresa un imaginario sobre el territorio (…) Pero hay otros imaginarios sobre los distintos territorios de las Primeras Naciones que no han sido reconocidos, que tenemos que traer a superficie, que traer a un marco de visibilidad porque no están, y si están, aparecen solamente en un marco de controversia (…) Tenemos que establecer un nueva manera de conocer a las Primeras Naciones y a las comunidades rurales de población criolla o inmigrante que pueden tener una perspectiva muy distinta a la que determinan los centros de poder, los grupos económicos. Buscar la armonía en el pensamiento y el uso del territorio con una perspectiva de sustentabilidad, de un uso permanente no degradante de los recursos.”
La historia de los procesos de lucha por el territorio emprendidos por la Primeras Naciones, es fundamental. En esa línea fue la exposición de Ceferino Zárate, referente de la comunidad Tinkunaku del Pueblo Kolla de Salta:
“Tinkunaku ha constituido una base importante para la lucha de los demás Pueblos de Salta, porque fuimos pioneros.” Ceferino se refiere al conflicto con el Ingenio El Tabacal y al proceso judicial asociado: “esa acción nos llevó un tiempo prolongado y también la gestión de la personería jurídica, porque ha sido un factor muy negativo el hecho de no tener un instrumento legal para las presentaciones judiciales (…) Ese juicio lo ganamos finalmente, que son 79 mil hectáreas y después con la expropiación de las zonas bajas, otras 29 mil hectáreas. O sea, bajo titularidad tenemos 100 mil hectáreas aproximadamente, eso está con registro de inmuebles de la Provincia de Salta”. Ceferino se refiere a un registro común, del mismo tipo en que cualquier particular registra títulos. Para la comunidad esta situación genera “una debilidad porque nosotros no estamos en una ley de propiedad comunitaria, pese que diga comunidad indígena, pero se necesita esa ley con lo cual tendríamos mucha más solvencia jurídica.”
Ante la falta de instrumentos legales, la acción de gobernanza favorece la gestión del territorio, pero para Ceferino, esto debe ir acompañado de instrumentos y recursos para ejercer plenamente el control territorial, por ejemplo mediante guardias ambientales que protejan Tinkunaku del desmonte ilegal.
Cambiando de geografía, desde la provincia de Neuquén, Verónica Huilipan de la Lof Kinxikew y Coordinadora de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Integrantes de Pueblos Indígenas, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, describió el trabajo conjunto de la Lof Kinxikew con Parque Nacional Nahuel Huapi, en el marco de la política de co-manejo que debería de conducir a un plan de ordenamiento integral del territorio comunitario que sea intercultural, interdisciplinar e interinstitucional: “existió una confrontación primero, un conflicto que se generó en territorio mapuche para provocar el diálogo político y ese diálogo político se generó a partir del reconocimiento de la necesidad de una nueva forma de relación entre la institución de Parques Nacionales y el Pueblo Mapuche a través de sus propias autoridades, su propio gobierno que lo ejerce a nivel provincial la confederación mapuche de Neuquén y a nivel territorial local las autoridades tradicionales de cada una de las comunidades.” El Estado Argentino y Parques Nacionales tuvieron que asumir que están sobre territorios mapuches, que incluyen “un sistema de vida, un sistema de organización, un sistema de utilización de los distintos elementos del territorio basado en una identidad y en una cosmovisión mapuche”. A partir de este reconocimiento se generan condiciones para poder intervenir en los territorios sumando a otros actores interinstitucionales, como las universidades.
“En el marco del proyecto TICCA, nosotros presentamos la necesidad de acompañamiento económico para proteger los humedales porque para nosotros tienen un valor sustancial. Los humedales son fuente de conocimiento mapuche, son fuentes de producción de la medicina, son fuentes de producción de alimentos para nosotros, para ciertos animales, pero también para las distintas especies de bosque que tenemos en ese lugar y que lo rodea. Además de toda la vitalidad que significa para el agua y la calidad del agua que después termina en la fuente mayor, que es lo que se conoce como el lago Nahuel Huapi”.
Para Verónica, es fundamental adecuar la normativa de Parques Nacionales al Derecho Indígena y llevar adelante Planes de Ordenamiento Integral Territorial. Esto exige la reedición del Plan de Gestión Institucional del Parque en el marco del derecho indígena, como parte constitutiva de la institucionalidad estatal con la cual va a regir su política, lo mismo aplicaría para cada parque nacional donde existan comunidades indígenas. Finalmente, agregó que es fundamental incorporar la dimensión de género para la gestión del territorio, reconociendo y denunciando las múltiples formas de violencia que pesan sobre las mujeres indígenas: violencia institucional, política, económica, social y simbólica. Desde este enfoque se promueve “la generación de una nueva construcción, de una mentalidad social acorde a un estado plurinacional donde debemos convivir las múltiples naciones que la habitamos.”
Cerrando las exposiciones, la Dra Florencia Gómez, Subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, partió reconociendo que los TICCA abren la posibilidad de “avanzar en categorías de manejo, en demostrar que es posible conservar manteniendo las costumbres ancestrales en las que las comunidades locales, pueblos indígenas o criollos, son los factores esenciales de ese tipo de conservación, conservar con la gente que viene viviendo en esos territorios”. Este criterio de conservación tensiona con el modelo dominante de producción de commodities, haciendo que la gestión territorial en manos de comunidades TICCA sea una deuda pendiente para alcanzar la justicia social y al respeto de derechos humanos. Entonces, para construir el pensamiento hacia los TICCA se hace necesario un Estado presente “con esquemas de fortalecimiento y financiamiento para que las comunidades puedan reunirse, porque la gobernanza de los territorios también se construye a partir de estas experiencias de intercambios, de acuerdos y de intercambio de experiencias exitosas.”
Luego compartió algunos pensamientos surgidos a partir del estudio jurídico que realizó junto a Silvina Ramírez del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) sobre el marco legal aplicable a los TICCA. Existen diferentes dimensiones territoriales que generan una diversidad de normativas dentro de un mismo territorio que pueden graficarse en un esquema de capas. Están las áreas con una gobernanza indígenas efectiva en el territorio (en azul), las áreas protegidas (en verde), las zonas de amortiguamiento (en verde claro) y luego la titularidad dominial que puede ser de la provincia, privada o de la nación. El desafío es lograr una gobernanza teniendo en cuenta esta diversidad de normativa que confluyen en un mismo territorio.
Analizando diferentes experiencias, Florencia Gómez, concluyó: “el proceso de recuperación de biodiversidad que se da a partir del control territorial trascienden las modificaciones jurídicas o el estatus jurídico que puede llegar a tener esa tierra” y que “lo que mueve el amperímetro de la situación de conservación (...), es que la comunidad indígena o la comunidad local tenga la gobernanza efectiva de este territorio.”
Para finalizar este primer seminario, José Paruelo compartió su mirada: “la experiencia que hemos hecho estos años en cuanto al relacionamiento con comunidades me ha parecido extremadamente fructífera, me ha cambiado la manera en la que percibo muchas cosas. Me ha hecho valorar muchísimo el aporte que se puede hacer desde el sector académico, justamente porque permite destruir esa idea de que hay una solución tecnocrática, lo que sí existe son aportes desde los sectores que trabajamos profesionalmente para apoyar y apoyarnos en la búsqueda de soluciones que generen sociedades más justas. Porque que los pueblos originarios y las comunidades locales puedan acceder a derechos no es una ventaja solamente para ellos, es una ventaja para todos porque nos hace vivir en una sociedad mejor. Rescato lo importante que es para el sector académico tener demandas desde aquellas comunidades en donde se identifican problemas y se percibe que nuevo conocimiento contribuye a fortalecer a las luchas y a las reivindicaciones de estas comunidades.”
